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Abre la STyRC procesos administrativos a ex funcionarios por posible daño a las finanzas

* Gobierno del Estado interpondrá denuncias penales que procedan conforme a
derecho
* La secretaria Guadalupe Yan Rubio dio un informe de la auditoría realizada al
pasado sexenio, en la cual se encontró que falta dinero a las arcas públicas; se
auditan aún Salud y Educación

Culiacán, Sinaloa, a 10 de julio del 2017.- Cuotas no enteradas al IPES y al
ISSSTESIN por mil 934 millones de pesos, un faltante en las arcas públicas por
667 millones de pesos, y la apertura de tres expedientes administrativos en contra
de ex servidores públicos por el presunto desvío de mil 21 millones de pesos por
posible daño a las finanzas del Estado, además de otros procesos que se abrirán
por un monto de mil 143 millones de pesos, son algunos de los puntos que arrojó
la auditoría practicada por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
En conferencia de prensa, su titular, Guadalupe Yan Rubio, presentó el resultado
de esta auditoría, la cual no incluye los rubros de Salud y Educación, mismas que
están en proceso y que concluirán a finales de agosto, debido a la amplitud de su
contenido.

La secretaria de Transparencia aclaró que como consecuencia de los hallazgos
encontrados, independientemente de los procedimientos administrativos que ya se
han abierto, el Gobierno del Estado presentará las denuncias y/o querellas
penales que en cuanto a derecho proceda, pues con estas acciones se cumple el
compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel de combatir la impunidad
mediante la aplicación estricta de la ley.

Dio a conocer que durante el primer semestre del año se revisaron los saldos de
841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal, 31 mil
237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto federalizado y no
federalizado, y 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras.

De entrada, Yan Rubio informó que el saldo real encontrado no corresponde con
el reportado, pues se encontró un saldo en bancos por 421 millones de pesos, que
comparado con el registrado en la cuenta pública presenta una diferencia de 667
millones de pesos, de los cuales, 594 millones de pesos corresponden al Banco
Interacciones.

Explicó que lo anterior refleja una contabilidad que no presenta de forma veraz la
información financiera del Gobierno del Estado, ya que es evidente que no sehicieron
los registros contables de manera adecuada en los términos que marca la
Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que denota una grave falta de
transparencia.

Añadió que al cierre de 2016 se encontró un pasivo acumulado por mil 934
millones de pesos en cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no
enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al
ISSSTESIN, práctica que se observa desde 2012, registrándose un incremento
importante del 47 por ciento en el ejercicio del 2016.

“El que no se hayan realizado los enteros de las cantidades retenidas mes con
mes, que es como lo establece la normatividad, generó un problema financiero
para el Estado debido a que los recursos no enterados se destinaron a otros fines,
mientras que los acreedores han venido realizando gestiones para que se cumpla
con las obligaciones de realizar el entero correspondiente”, señaló.

Por lo que toca a los tres procesos administrativos abiertos, que involucran a
nueve ex servidores públicos, explicó que éstos tendrán un plazo de siete días
hábiles para comparecer ante esta Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas a partir de su notificación, para que rindan el informe que marca la ley en
contra de los hechos que se les imputa.

Además, en los próximos días se llamará a procedimiento de responsabilidades
administrativas a otros ex servidores públicos sobre diferentes asuntos que
involucran irregularidades administrativas y manejo indebido de recursos por más
de mil 143 millones de pesos.

Otras irregularidades encontrados fueron el traspaso no justificado de 563 millones
de pesos de cuentas federales destinadas a financiar obra pública por un monto
total de 8 mil 367 millones de pesos.

También, al revisarse 4 mil 800 pólizas correspondientes a 830 millones de pesos
de gasto operativo, se detectaron pagos que carecen de soporte documental que
compruebe la adquisición de bienes y/o servicios. Al respeto, se identificaron
pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso
de contratación, ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos
soporte del gasto.

Yan Rubio añadió que derivado de la revisión de 115 convenios de obra pública de
gasto federalizado correspondiente a mil 137 expedientes de obra, se identificaron
23 contratos que presentan convenios modificatorios con un incremento mayor al
25 por ciento respecto al contrato original, en varios casos se observan
incrementos mayores al 50 por ciento. Lo anterior deriva en una violación a las
disposiciones de las leyes de obra pública estatal y federal, lo que representa
pagos en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes
del contrato, explicó.

También se detectaron contratos otorgados a proveedores sancionados por la
Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria, lo
cual representa el incumplimiento del artículo 69 B del Código Fiscal de la
Federación.

Asimismo, derivado de la fiscalización a los contratos de obra pública se detectó lo
siguiente: se realizaron traspasos no justificados entre cuentas, lo que generó que
se adeudara a los contratistas más del 40 por ciento de la parte del pago de las
obras contratadas, debido a que el Estado distrajo recursos económicos que le
correspondía aportar. Aun así la obra fue recibida formalmente mediante acta de
entrega-recepción.

También, celebración de contratos de obra pública sin contar con la autorización
correspondiente para generar al Gobierno del Estado una obligación financiera,
esto es, sin contar con los derechos de propiedad de los terrenos en que se
ejecutaría la obra. Además se omitió reintegrar a la cuenta bancaria específica
para el manejo de los recursos del programa el anticipo por concepto de contrato
de obra pública.

De igual manera, de una revisión a 671 contratos de obra pública, se detectaron
faltantes de 58 actas de entrega-recepción, esta falta provoca que en términos de
la Ley de Obra Pública la obra no se considere legalmente entregada, lo que
impide verificar si la obra se recibió conforme al calendario establecido y con todas
las especificaciones contratadas para poder finiquitarla financieramente de forma
adecuada.

Acompañaron en esta conferencia de prensa a la secretaria Guadalupe Yan
Rubio, el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo
Aviña Martínez; el subsecretario de Transparencia y Contraloría Social, Víctor
Manuel Pérez Castro; y la subsecretaria de Auditoría, Margarita González Pérez
Arce.

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