Los Mochis, Sinaloa. A más de un año que cobrara vigencia en todo el
país el nuevo sistema de justicia penal ha superado los obstáculos y
llego para quedarse, manifestó Ricardo de la Luz Félix Tapia Presidente
Fundador del Colegio de Abogados “Lic. Roberto Pérez Jacobo”. A. C.
Recordando que fue el 18 de junio de 2016 cuando entraron en vigencia
los juicios orales en materia penal. El propósito de la reforma era que a
partir del 2016 el país dejara de aplicar el sistema de justicia inquisitorio,
basado en integración de expedientes escritos, a uno acusatorio,
fundamentado en juicios orales públicos, en los que se enfrenten la
autoridad y la defensa de un acusado.
El nuevo sistema de justicia penal tiene como objetivos el de proteger los
derechos de las víctimas; la presunción de inocencia del imputado y el de
transformar y fortalecer las instituciones para que sean más eficientes y
transparentes. En el que todas las audiencias y el propio juicio sean
orales y a la vista de todas las personas interesadas, es decir públicos y
las etapas del juicio están sujetas a los principios de la transparencia, lo
que garantiza los derechos de las víctimas y de las personas imputadas
de algún delito.
Con el Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial y Oral, se busca que la
víctima tenga y se le otorguen mayores derechos, como el de contar con
asesor jurídico gratuito y que se privilegie la reparación del daño,
inclusive si lo desean las partes el problema se puede arreglar por una
vía corta y conciliatoria, mediante mecanismos alternativos de solución
de controversias.
Anteriormente la prisión preventiva era un mecanismo sobre utilizado;
personas inocentes o imputadas de delitos menores o de bajo impacto,
tenían que vivir su proceso en la prisión, lo que los exponía a riesgos y
dinámicas que vulneraban su integridad física y psicológica. Actualmente
las Unidades de Medidas Cautelares y Servicios Previos a Juicio son
entidades multidisciplinarias compuestas por sociólogos, psicólogos, y
otros profesionistas, que estudian el entorno psicosocial de las personas
imputadas de algún delito, para determinar la idoneidad o no de ser
sujetas a prisión preventiva. Dichos estudios son valorados por el juez
que, en última instancia, determinará la medida a adoptar.
Asimismo el abogado comento que es un modelo en el que se privilegian
las garantías, en el que se establecen las facultades de control con las
que los jueces cuentan. Es un cambio tan radical, que las autoridades
deben modificar desde su forma de pensar hasta su manera de actuar,
para estar a la altura de las nuevas exigencias.
