Cultura política en México retrasa justicia en casos de periodistas asesinados
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió una vez más que se acabe con la impunidad en torno al asesinato de periodistas en México después de una época particularmente violenta para la profesión. Pero las diferentes fuerzas responsables de las agresiones muchas veces pueden contribuir a la impunidad, en lugar de reducirla.
La violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado es el principal peligro para los reporteros en México, según un nuevo informe del CPJ, que ha documentado más de 50 casos de homicidio o desaparición de periodistas o trabajadores de medios desde 2010.
Por lo menos cinco periodistas han sido asesinados desde que comenzó 2017, entre ellos Miroslava Breach Velducea, la corresponsal en Chihuahua para la agencia nacional de noticias La Jornada, de México. La muerte más reciente fue la de Filiberto Álvarez Landeros, el 29 de abril.
La calificación de impunidad en México ha subido más del doble desde 2008, según el conteo del CPJ de los casos donde la víctima es un periodista. Casi en todos los casos de asesinatos por retaliación directa por su trabajo, la justicia se mantiene elusiva y la impunidad es la norma.
Recientemente, es el estado de Veracruz el lugar donde más ha arreciado la violencia contra los periodistas. No es coincidencia que hasta hace poco el estado estuviera gobernado por una de las administraciones más audazmente corruptas de la que se haya tenido noticia, y que se haya consumido por la violencia y las desapariciones relacionadas con drogas.
El exgobernador Javier Duarte —quien fue capturado hace poco en Guatemala seis meses después de estar fugitivo de acusaciones relacionadas con corrupción, crimen organizado y malversación—dirigió entre 2010 y 2016 una administración en la que los ataques a la prensa eran comunes y quedaban impunes. Por lo menos seis periodistas cayeron por motivos relacionados con su trabajo mientras él dirigía el estado, afirma el CPJ.
“Los periodistas están atrapados en el binomio insano de la corrupción y la impunidad, provocado por uno aún más fatal: la unión de Gobierno y crimen organizado contra la prensa libre, contra la verdad revelada en una investigación, contra el reportaje y la crítica”, destaca Adela Navarro Bello, directora de la revista Zeta de Tijuana, en su prefacio al informe.
Navarro se refiere a la dinámica de la narcopolítica, que es un factor importante en las agresiones contra los periodistas. Los gobiernos locales en colusión con los grupos criminales tienen tanto interés en cerrarle la boca a la prensa como los criminales que les pagan y con quienes se asocian.
Pero hay otras dinámicas en México que también pueden dar lugar a problemas. En ocasiones, periodistas y publicaciones mexicanos también adoptan prácticas poco éticas.
Maria de los Angeles Velasco de Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, explicaba en el informe del CPJ que algunos reporteros aceptan regalos de políticos para escribir artículos que favorezcan su imagen. Otros entran en arreglos más formales para recibir pagos mensuales de los políticos a cambio de hacerles un cubrimiento periodístico favorable, añadió.
El apoyo financiero del que dependen muchos periódicos muchas veces viene en su gran mayoría del gobierno y muchas veces está condicionado. Pedro Matías, corresponsal en Oaxaca para la revista Proceso, de Ciudad de México, comentó al CPJ que muchos periódicos, canales de televisión y emisoras de radio del Estado dependen financieramente de la publicidad del gobierno, la cual puede darse o quitarse, dependiendo “del tono de la cobertura”.
Otro aspecto financiero también expone a algunos reporteros y publicaciones a una elección forzosa entre “plata o plomo”, que traducido en términos amplios significa o un soborno o una bala. El salario normal para los periodistas que trabajan fuera de Ciudad de México es increíblemente exiguo; los independientes reciben entre US$5 y US$10 por un artículo, y alrededor de US$3 por fotografía, según el informe.
Es posible que recibir pagos del crimen organizado o de funcionarios del gobierno sea muchas veces cuestión de supervivencia, más que falta de ética. Y las organizaciones de medios mexicanos muchas veces no alcanzan a brindar capacitación, protección y apoyo a su equipo, y mucho menos a sus colaboradores freelance.
Análisis de InSight Crime
La represión contra la prensa tiene una larga tradición en México. Las clases políticas del país, bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante 71 años, se habituó con los años a ejercer bastante control sobre la prensa y algo de esa actitud se mantiene hoy en día.
Desde la llegada de la democracia a México en el año 2000, los medios del país han cobrado mayor independencia. El aumento de las publicaciones en internet por esa misma época llevó a la creación de una plétora de nuevas voces, blogs y agencias editoriales. Pero la clase política sigue esperando en gran parte que la prensa se les ofrezca, en parte porque —aunque con una serie más diversa de nombres, por no decir de intereses— siguen pagando las cuentas.
Los regalos y pagos mensuales formales que menciona Velasco se conocen como “chayote” en México, y aunque esos acuerdos entre agencias son mucho menos comunes hoy en día, aún tienden a persistir. Los grupos criminales, además de los gobiernos, también controlan de ese modo a los medios. Algunos incluso publican boletines de prensa. Eso pone a reporteros y agencias de noticias en la mira de organizaciones políticas y criminales rivales que no recibieron buena cobertura. También puede motivar retaliaciones de quienes pagaron por cobertura si lo publicado no se ajusta a sus expectativas.
Aunque hay leyes o mecanismos que protegen a los periodistas (el CPJ dice que no son suficientes), la cultura política en México es un provocador importante de hostilidad hacia los medios. La coexistencia de viejas actitudes con las nuevas leyes en las instituciones de justicia en el país puede ser dos fuerzas contrarias.
“Los actores políticos se sienten dueños de la información y por eso piensan que los periodistas son sus instrumentos quien deben que estar a su servicio”, dice Garza, quien fue editor del periódico Siglo de Torreón por siete años.
Señaló que aunque el “chayote” y otras prácticas corruptas han disminuido, no hay algo que parezca libertad de expresión.
En una conferencia de prensa en la ciudad de Torreón en junio de 2013, por ejemplo, un periodista le hizo al influyente político Guillermo Anaya una pregunta que no le gustó. Anaya, que por ese tiempo era diputado federal del Partido de Acción Nacional (PAN) y según se dice amigo cercano del entonces presidente Felipe Calderón, se acercó al periodista al terminar el evento.
“Lo que te hace falta es un levantón”, dijo Anaya al reportero, en un incidente recogido por Proceso y otros medios. Quería decir que el reportero merecía una lección, saber cuándo quedarse callado.
El periodista agredido se defendió diciendo que quienes entran a la vida política deben estar preparados para responder preguntas, pero ese es un concepto que aún no aceptan algunos representantes de la clase política mexicana, quienes suponen una amenaza para los medios del mismo talante que el crimen organizado.
Artículo 19, una organización internacional por la libertad de expresión que tiene un capítulo en México, estima que hay funcionarios del gobierno implicados en por lo menos la mitad de las agresiones sufridas por periodistas en México. En dos de los tres estudios de caso de periodistas asesinados investigados en el informe más reciente del CPJ, se sospecha de políticos locales o de grupos poderosos conectados con ellos.
Víctor Badillo, periodista independiente residente en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, contó a InSight Crime que hacía poco había desechado un artículo sobre el tráfico de fármacos después de recibir amenazas de la empresa involucrada. Denunció que ellos y el gobierno local trabajaban juntos en la trama, e hizo énfasis en el rol que puede tener también la empresa privada en la manipulación de funcionarios y medios locales para recibir la cobertura que desean.
Puede que el ‘chayote’ esté cayendo, pero la dependencia de los medios mexicanos de la publicidad gubernamental persiste, lo cual plantea un problema de independencia. Como lo señalaba Matías, corresponsal de Proceso, ese dinero puede retirarse dependiendo del tono de la cobertura.
Los periódicos no quieren morder la mano que los alimenta, lo que puede crear una codependencia, en la que los medios están supeditados a los intereses del gobierno.
Esa dinámica de poder también puede trabajar en la dirección contraria, según los periodistas mexicanos que hablaron con InSight Crime, con raras ocasiones en las que los reporteros abusan de su poder para amenazar con cobertura negativa si no se cumplen sus demandas.
Cuando el gobierno y los intereses criminales se alinean por la corrupción o la colusión, el control estatal por medio de los ingresos por publicidad se vuelve un problema mayor y cobra una fuerza aún más formidable. La narcopolítica, la alianza entre gobiernos locales principalmente y el crimen organizado, siempre ha existido en México, pero ha cobrado mayor visibilidad gracias a una prensa más independiente. Casi no pasa una semana sin que afloren nuevas revelaciones dignas de crédito sobre conexiones entre funcionarios de gobierno y grupos criminales.
“Los narcotraficantes siempre han usado la propaganda para controlar la población tanto como puedan, y para inspirar miedo a la población, los funcionarios y a otros traficantes”, comentó a InSight Crime Mike Vigil, agente retirado de las Administración para el Control contra las Drogas (DEA).
Vigil estuvo trabajando para el organismo en México por un total de trece años, y en la frontera con Estados Unidos por otros cuatro años.
“Muchos políticos usaban los medios para retratarse como incorruptibles y promover sus carreras”, añadió. “Y eso se mantiene hoy en día”.
La fragmentación de los carteles de la droga en México en la última década, en gran parte como consecuencia de la llamada estrategia “de capos”, ha vuelto más común y violenta la competencia entre organizaciones rivales.
Cooptar funcionarios locales es hoy fundamental para la estrategia de las organizaciones criminales que compiten por el control, y algo muy lucrativo para quienes cooperan.
“Ningún gobierno o todos los gobiernos deberían estar obligados a pagar ni un sólo peso a los medios de comunicación… Si los medios de comunicación estuvieron obligados a publicar, de una manera gratuita, alertas del gobierno”, observa Badillo.
Pero Garza dice que ese cambio no es la respuesta y llevaría al cierre del 80 por ciento de los periódicos del país.
“La impunidad es un asunto del gobierno. El gobierno que se ponga a hacer su trabajo”, dijo Garza a InSight Crime.
“La mejor forma de proteger un periodista de una agresión futura es castigar una anterior”, afirmó.
Con demasiada frecuencia, la respuesta del gobierno a las agresiones contra los periodistas suele aprovechar el concepto tradicional de los periodistas como servidores del Estado, y como corruptos y abusivos.
El gobierno local puede aducir que los periodistas asesinados “andaban mal” —un eufemismo para decir que estaban implicados en algo deshonesto que motivó su muerte.
Marcela Turati, prominente periodista mexicana y becaria 2017 del programa Nieman Knight Latin America, advirtió que no debía aceptarse la respuesta del gobierno al asesinato de los reporteros en comentarios recientes que publicó en Facebook luego del homicidio de su amiga y colega Breach.
“Con la aparición de la versión oficial del crimen, nos enfrentamos al riesgo de respaldar la versión perpetua, la que promueve la impunidad, las historias clásicas de que la periodista murió a manos del narco, o que estaba en una fiesta con sus asesinos, o que la mató su novio después de dormir juntos, o que consumía drogas, o que era una pelea de vecinos. No es momento para tanta indiferencia”, comentó Turati en Facebook.
En una democracia, la justicia la imparte o la impide el Estado, sea por inacción o confusión deliberada. Pero la democracia en México es joven, y está dominada por una cultura política que sigue aferrada al pasado. Como resultado de ello, aunque existen leyes que protegen a la prensa en el país, los encargados de implementarlas tienen que vérselas muchas veces con la búsqueda de la voluntad política o los mecanismos para hacerlo.
La semana pasada, una nueva administración del estado de Quintana Roo pidió disculpas en público a Pedro Canché, periodista que pasó 271 días en la cárcel por acusaciones de sabotaje. El caso contra Canché fue cerrado eventualmente por un juez federal, informó The Guardian, y la disculpa fuera una pequeña victoria muy rara para los hostigados medios mexicanos. La gobernación anterior se había negado a disculparse con Canché después de que la comisión Nacional de Derechos Humanos le ordenara hacerlo, según el informe.
“¿Quién pedirá disculpas en público por los 104 periodistas asesinados [desde 2006]?”, preguntó Canché luego de la disculpa pública. “El estado mexicano tiene una deuda enorme con ellos y con sus familias”.
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