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Se integran más expedientes de investigación al sexenio anterior

* El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña,
precisó que todavía se revisa a la anterior administración

Culiacán, Sinaloa, a 3 de agosto de 2017.- Aun y cuando el Congreso del
Estado aprobó las cuentas públicas de los dos semestres del 2016 de la
administración estatal anterior, las investigaciones por irregularidades encontradas
que lleva a cabo la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas siguen su
curso, e incluso se abrieron nuevos expedientes, por los cuales serán llamados
otros diez ex servidores públicos para que aclaren diversas anomalías, dio a
conocer el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña
Martínez.

En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas explicó que en un principio fueron notificados nueve ex
funcionarios para que aclaren algunas irregularidades en el manejo de los
recursos de sus dependencias, pero a raíz de nuevas revisiones, serán llamados
otros diez ex servidores por los mismos motivos.

Aviña Martínez dio a conocer que en el primer procedimiento de responsabilidades
que se inició, mismo que fue dado a conocer el pasado 10 de julio, fueron
llamados tres ex servidores públicos de la Secretaría de Turismo, a raíz de una
denuncia que formuló la Auditoría Superior del Estado ante la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas.

Los hechos consisten en que durante el segundo semestre de 2016 la Secretaría
de Turismo del Estado de Sinaloa tuvo gastos por 8 millones 651 mil 798 pesos
por concepto de campañas vacacionales pagadas a distintas aerolíneas
internacionales. Una vez que se agotaron las investigaciones complementarias se
detectó que tres servidores públicos, presuntamente son responsables de solicitar,
tramitar y pagar de forma indebida y fuera de todo procedimiento de contratación,
la cantidad señalada en varias exhibiciones.

Asimismo, se advirtió que para sustentar los pagos únicamente se anexaron
supuestas facturas y constancias de las transferencias electrónicas para el
movimiento de los recursos. El procedimiento de responsabilidades fue iniciado de
manera formal y ninguno de los involucrados durante las investigaciones pudo
acreditar ni soportar de manera documental los motivos por los cuales se
realizaron los pagos, ya que no hay evidencia que se realizaron dichas campañas
ni en qué consistieron estas campañas.

El subsecretario informó que actualmente se han desahogado dos audiencias de
ley sobre este caso, restando otra para el próximo 9 de agosto, y concluida la
misma y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución en el plazo de 45 días
hábiles.

Por otra parte, en el segundo procedimiento de responsabilidades también fueron
llamados tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas,
debido a diversas irregularidades que consistieron en alterar documentación oficial
para beneficiarse de los recursos provenientes de las acciones de fiscalización
concurrente que realiza el Gobierno del Estado en colaboración con la Federación.

Las investigaciones revelaron que estos ex servidores públicos presuntamente
responsables se aprovecharon del derecho de Gobierno del Estado a percibir
incentivos por las actividades de administración fiscal concurrente para solicitar al
SAT la validación de diversos formatos que fueron alterados y que les agregaron
cantidades diferentes a las obtenidas por concepto de multas, representando un
daño a las finanzas del Estado por 14 millones 284 mil 276 pesos.

En el tercer procedimiento iniciado también fueron llamados tres servidores
públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, mismo que inició con
motivo de la denuncia que formuló la Auditoría Superior del Estado ante la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, respecto de diversas
irregularidades que consistieron en realizar diversas retenciones de aportaciones
de trabajadores, las cuales no fueron enteradas dentro de los primeros diez días
de cada mes como marca la ley, lo cual ocasionó que se tenga a la fecha en que
se realizó esta intervención, un pasivo acumulado a junio de 2016 por 998
millones 332 mil 35 pesos.

Aviña Martínez explicó que la administración estatal anterior retuvo mensualmente
el 10 por ciento del salario sujeto a cotización de los trabajadores, que debería ser
enterado al Instituto de Pensiones, y adicionalmente debía aportar mensualmente
una cantidad equivalente al 5.5 por ciento del salario mínimo vigente en el estado
elevado al mes a la cuenta individual de cada trabajador.

Debido a lo anterior, el Instituto ha venido realizando, por su parte, gestiones ante
la Secretaría de Administración y Finanzas para que se cumplan las obligaciones
de realizar el entero retenido o depósito de las retenciones, sin embargo, no existe
justificación por haber omitido enterar estas aportaciones a los trabajadores y que
le correspondía hacer al propio Estado.

“Por lo anterior, el 8 de julio pasado la Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, por conducto de nuestra Dirección de Responsabilidades iniciamos
formalmente el procedimiento de responsabilidades en contra de los servidores

públicos involucrados, los cuales ya han sido notificados de manera formal y han
comparecido a la audiencia de ley”, informó.

Por otra parte, señaló que adicionalmente a este hecho, se abrió un nuevo
procedimiento de responsabilidades contra diez ex servidores públicos de la
Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Obras Públicas, que
son los presuntamente responsables por el indebido traspaso que se realizó de 16
millones 96 mil pesos provenientes de una cuenta específica de recursos
federales a otra de ingresos propios del Gobierno del Estado de Sinaloa,
vinculadas a diversos contratos de obra, realizándose además ampliaciones
superiores al 25 por ciento que establece la Ley de Obras Públicas y servicios
relacionados con las mismas.

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